Madridimage

Madridimage

Brasil regresa a la lucha contra el cambio climático de la mano de Lula da Silva | Clima y Medio Ambiente


El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha cerrado esta semana un círculo de cuatro años. Cuando en 2018 Jair Bolsonaro ganó las elecciones, una de las primeras decisiones que tomó fue retirar la oferta de su país para acoger la cumbre del clima de la ONU de 2019 (que finalmente se celebró en Madrid) tras una campaña en la que amagó incluso con sacar a su país del Acuerdo de París. Cuatro años después, tras derrotar en las urnas a su rival de extrema derecha, Lula da Silva ha anunciado que ofrecerá a la ONU que la cumbre de 2025, la COP30, se celebre en su país, en algunas de las regiones amazónicas.

El anuncio lo ha hecho durante su primer viaje oficial fuera de Brasil tras la victoria, que precisamente ha sido a la cumbre del clima que se está celebrando en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, la COP27. El gesto se interpreta como un espaldarazo a la lucha contra el cambio climático y como la vuelta de este país a esta batalla global. Lula da Silva no ha dejado lugar a las dudas: “Brasil está de vuelta en el mundo”. “Brasil no va a ser un país insolidario”, ha añadido durante un acto con gobernadores de la Amazonia brasileña, que han sido los que le han pedido primero que postule a Brasil para acoger la COP30.

La implicación de este país es básica para combatir el cambio climático, no solo porque sea la principal economía latinoamericana, sino porque dentro de sus fronteras está la mayor parte de la Amazonia, el enorme bosque tropical crítico para la biodiversidad planetaria y para frenar el cambio climático, ya que su vegetación retiene el dióxido de carbono impidiendo que se concentre en la atmósfera y caliente todavía más el planeta. Por eso es importante que este primer acto oficial de Lula fuera de su país haya sido junto a los gobernadores de varias regiones amazónicas.

“Vamos a combatir sin tregua los crímenes ambientales”, ha prometido Lula da Silva en otro acto en la cumbre, donde ha anunciado un “fortalecimiento” de los instrumentos de control en la Amazonia para evitar las talas ilegales o las extracciones sin control. El presidente electo ha recordado que en los últimos tres años, bajo el mandato de Bolsonaro, la deforestación ha aumentado un 73% en la Amazonia. Lula da Silva ha criticado el “Gobierno desastroso” del presidente saliente, que ha supuesto una “devastación del medio ambiente”. “No hay seguridad climática sin una Amazonia protegida”, ha advertido Lula da Silva.

El dirigente brasileño aterrizó a principios de semana —a bordo de un avión privado del polémico empresario José Seripieri Filho— en Sharm el Sheij y el martes se reunió con los máximos representantes de EE UU y China en estas negociaciones, John Kerry y Xie Zhen Hua. También con la vicepresidenta española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Todos fueron actos privados, así que hasta este miércoles no ha habido intervenciones públicas. Además, al no haber tomado formalmente posesión de su cargo —algo que ocurrirá el 1 de enero― no tiene la consideración de jefe de Estado en este encuentro. De hecho, el equipo negociador está encabezado por los representantes nombrados por el Gobierno de Bolsonaro, quien nunca ha asistido a ninguna de estas cumbres.

Los retos verdes del país

La información es la primera herramienta contra el cambio climático. Suscríbete a ella.

Suscríbete

Reconstruir la política ambiental de Brasil será uno de los desafíos más importantes y urgentes del futuro Gobierno de Lula da Silva. La matriz energética del país es bastante limpia, porque la hidroeléctrica es la principal fuente de energía, pero sus emisiones de dióxido de carbono están vinculadas al uso de la tierra: tanto la ganadería extensiva como la deforestación. La ciudad que más emisiones expulsa a la atmósfera del territorio no es São Paulo, sino la pequeña São Félix do Xingu, en la Amazonia, que con unos 90.000 habitantes y una superficie equivalente a Portugal, concentra el mayor rebaño bovino del país, con casi dos millones de cabezas de ganado.

Durante el Gobierno de Bolsonaro, la deforestación en la Amazonia batió todos los récords. En los primeros tres años de su gestión, la selva perdió más de 34.000 kilómetros cuadrados, según los datos oficiales captados vía satélite por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Es una superficie mayor que toda Cataluña. Los datos de 2022 aún no han sido divulgados, a pesar de que el Ejecutivo electo cree que la gestión de Bolsonaro ya los tiene y espera a divulgarlos cuando pase la COP27, como hizo el año pasado, para evitar críticas.

Madera acumulada en un aserradero del distrito de Porto Velho procedente de la tala ilegal de la Amazonia.

Frenar la tala ilegal y los incendios será la prioridad número uno, y para ello habrá que reparar toda una estructura que fue devastada en los últimos años, lo que exigirá tiempo. Los resultados solo empezarán a verse a medio plazo. Los órganos que persiguen los delitos ambientales, como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA), fueron prácticamente desmantelados a base de recortes presupuestarios y ya apenas se ponen multas, lo que en los últimos años ha dado alas a todo tipo de infractores. El discurso de Bolsonaro a favor de regularizar la minería ilegal en tierras indígenas y reservas naturales también ayudó. En la tierra indígena Yanomami, en la frontera de Brasil con Venezuela, hay más de 20.000 buscadores de oro trabajando de forma ilegal, contaminando los ríos con mercurio y amenazando a los nativos. El movimiento indígena espera que una de las primeras medidas de Lula sea la expulsión inmediata de esos invasores.

Estos indígenas, auténticos guardianes de la selva (los territorios que ellos gestionan son los mejor preservados, a pesar de las crecientes invasiones de los últimos años), también esperan que se dé continuidad al proceso de demarcación de sus tierras, cuando el Estado brasileño les reconoce como propietarios legales. En las elecciones de hace cuatro años, Bolsonaro prometió no dedicar “ni un centímetro más” a las tierras indígenas, y así lo hizo. En el cajón hay decenas de procesos administrativos que el Gobierno de Lula tendrá que analizar. De momento, el presidente electo se comprometió a crear por primera vez un Ministerio de los Pueblos Originarios, algo que el movimiento indígena ya considera una importante conquista. Lula ha reiterado este miércoles esa promesa en la COP27 y ha asegurado que estos pueblos “deben ser los protagonistas de la protección de la Amazonia”.

Lula sabe que la diplomacia verde puede devolver a Brasil el protagonismo perdido en la escena internacional durante los años de Bolsonaro, y la búsqueda de inversiones extranjeras que ayuden a crear alternativas de desarrollo sostenible sobre todo en la región amazónica (hogar de casi 30 millones de brasileños, la mayoría, muy pobres), será central. Para ello habrá que resucitar el Fondo Amazonia, receptáculo de donaciones de países extranjeros para ayudar a mantener la selva en pie. Noruega y Alemania, principales financiadores, congelaron sus aportes ante las políticas bolsonaristas, pero ya anunciaron que están dispuestos a colaborar con el nuevo Ejecutivo brasileño. Lula tendrá que hacer equilibrios para buscar esos recursos y al mismo tiempo disipar los temores de quienes, sobre todo en la extrema derecha o en ámbitos como las Fuerzas Armadas, ven toda la preocupación internacional hacia la Amazonia como una injerencia, o incluso como una amenaza a la soberanía nacional.

La exministra de Medio Ambiente Marina Silva, que lidera las quinielas para volver a ocupar el cargo, decía estos días que la situación que el nuevo Gobierno encontrará es mucho peor que cuando Lula llegó por primera vez a la presidencia en 2003, pero al mismo tiempo Brasil también puede recuperar las políticas que dieron frutos positivos. Cuando Silva fue ministra, entre 2003 y 2008, puso en marcha diversos programas de protección ambiental que hicieron que la deforestación cayera un 83% en una década. Silva acabó dejando el cargo tras continuos rifirrafes con otros ministros que la acusaban de poner trabas a obras de infraestructura. Tras su salida del Ejecutivo, Lula y Marina Silva pasaron años distanciados. Se reconciliaron en la pasada campaña, después de que Lula asumiera buena parte de la agenda ambiental de su exministra. Entre esas propuestas está la creación de una Autoridad Nacional sobre Cambios Climáticos, un órgano técnico que supervisaría que todos los ministerios trabajen a favor del cumplimiento de los compromisos de Brasil contra el calentamiento global.

Reivindicaciones

Lula da Silva ha defendido en la COP27 el multilateralismo, aunque también ha mantenido un tono crítico con la actual configuración de la ONU. Ha pedido una reforma del Consejo de Seguridad, cuya composición se remonta al final de la II Guerra Mundial, para que se refleje el actual reparto de equilibrios entre países. 
Además, ha reprochado a los países desarrollados que no hayan cumplido con su promesa de movilizar a partir de 2020 un total de 100.000 millones de dólares al año (una cantidad equivalente en euros) para ayuda climática para las naciones en desarrollo. “He venido aquí para cobrar lo que se prometió en la COP15″, ha dicho el presidente electo brasileño en referencia a la cumbre del clima de 2009, en la que se cerró ese compromiso. 

Puedes seguir a CLIMA Y MEDIO AMBIENTE en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites





Source link