La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado al expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, a tres años de prisión, una multa de 3.600 euros, y 17 años y tres meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público, al considerarlo culpable de prevaricación y falsedad en relación con el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras (Murcia, 16.000 habitantes) cuando era alcalde de la localidad. Su imputación en esta causa, agravada con una petición por encausamiento de una ramificación del caso Púnica, terminó costando a Pedro Antonio Sánchez la presidencia de la región murciana en abril de 2017. La sentencia admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
En este procedimiento, conocido como caso Auditorio, el tribunal ha condenado también como cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación a la que fue secretaria accidental del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Caridad García Vidal, y al arquitecto, Martín Lejárraga. La secretaria accidental ha recibido una pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público de 15 años y medio, y el arquitecto, de 16 años y medio. Los magistrados, según recoge el fundamento jurídico segundo, consideran que “la prueba documental, testifical y pericial es contundente en la acreditación de la tesis de las acusaciones”.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la sentencia considera a Pedro Antonio Sánchez autor de un delito continuado de prevaricación junto con uno de falsedad por encargar a un arquitecto “verbalmente y sin previo expediente” un proyecto de obras del auditorio municipal cuando era alcalde de Puerto Lumbreras y hacer lo posible para “evitar la libre concurrencia de profesionales en el concurso”. También ha sido condenado por una segunda prevaricación por pactar la elaboración de un proyecto que permitiera justificar la subvención autonómica de seis millones recibida “e impedir el reintegro, aunque ello supusiera dejar la obra inacabada”.
La sentencia absuelve al exregidor del delito de fraude a la Administración Pública por el que también había sido juzgado. “Los hechos relatados anteriormente no encajan en esta tipicidad, ya que la aprobación del proyecto modificado no tenía por objeto defraudar al Ayuntamiento. […] La única voluntad que se tenía cuando se aprobó el modificado era salvar los errores creados desde la redacción del proyecto y ello en aras de justificar la inversión de la subvención y evitar la exigencia del reintegro”, explica la resolución.
Sánchez ya se había sentado en el banquillo de los acusados en 2018 por otra causa, el caso Pasarelas, también relacionado con su gestión como alcalde de Puerto Lumbreras. El caso, en el que estaba acusado de prevaricación, falsedad y fraude, fue archivado en 2019 por un error en el procedimiento. La decisión fue ratificada en junio de 2021 por el Tribunal Supremo a pesar de que la Fiscalía había solicitado que se repitiera el juicio. El expresidente murciano también estuvo investigado en el caso Púnica por un supuesto desvío de fondos públicos cuando fue consejero de Educación, en 2014. La causa fue archivada en 2019 por la Audiencia Nacional por falta de pruebas, por lo que el caso Auditorio es la única cuenta que el expresidente tenía pendiente con la justicia.
López Miras muestra su “respeto a la justicia”
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El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha expresado este lunes su “respeto a la justicia” tras conocer la resolución judicial. “La verdad es que no he podido conocer en profundidad esa resolución más allá del titular. Entenderán que, para poder hacer una valoración seria y rigurosa tenga que informarme de cuál ha sido esa resolución, por supuesto, desde el respeto a la justicia”, ha manifestado a los medios de comunicación. López Miras fue designado por Pedro Antonio Sánchez para sucederle en la presidencia de la región de Murcia cuando dimitió en 2017. El actual presidente murciano no ha respondido a la pregunta de si creía que la decisión judicial podría afectar a la campaña electoral del próximo.