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El fin de los bombardeos, otro peldaño para la paz total de Petro

El Ministerio de Defensa ordenó suspender los bombardeos a los grupos criminales, como una medida que intenta proteger a los menores de edad reclutados, pero que también refleja el desescalamiento de las operaciones de la Fuerza Pública de cara a la búsqueda de la “paz total”.

El jefe de esa cartera, el jurista Iván Velásquez, declaró que “los menores reclutados forzosamente por organizaciones ilegales son víctimas, por lo tanto las acciones militares que se desarrollen no pueden poner en peligro su vida. Los bombardeos deben ser suspendidos, vamos a evaluar el momento específico en que como una directiva absoluta se pueda disponer, pero hacia allá tenemos que tender”.

Aunque el anuncio oficial apenas se hizo este jueves, fue la mera confirmación de un hecho que se venía presentando hacía un mes de manera secreta: las FF.MM. por decisión propia habían frenado las operaciones Beta (como se denomina a los bombardeos en el argot castrense).

Tal cual informó EL COLOMBIANO en su momento, fuentes judiciales revelaron que una semana antes de la posesión presidencial de Gustavo Petro, las FF.MM. cancelaron tres ataques aéreos contra objetivos del ELN en Antioquia, Chocó y el sur de Bolívar.

“Ningún oficial quería exponerse a sanciones de parte de la nueva cúpula militar, sobre todo porque no estaba clara la política gubernamental frente a esos ataques aéreos”, señaló la fuente.

Más allá de que no estallen las bombas, en el arsenal de la Casa de Nariño hay otros planes para minimizar el conflicto, que pasan por un nuevo modelo de extradición y de atención a los cultivos ilícitos.

1. CONSECUENCIAS DE SUSPENDER ATAQUES AÉREOS

La decisión de Velásquez confirmó la postura de los partidos políticos agrupados en el Pacto Histórico, que durante el mandato de Iván Duque criticaron los bombardeos y promovieron mociones de censura –fallidas– contra los ministros de Defensa del momento.

Sin embargo, en el campo del conflicto podría tener consecuencias indeseadas, como un incremento en las cifras de reclutamiento infantil.

El exsenador y analista político Alfredo Rangel opinó sobre esto: “Mindefensa acaba de validar el uso de niños como escudos humanos por parte de los grupos criminales, para evitar acciones de la Fuerza Pública. Se multiplicará el reclutamiento de menores. Un desastre humanitario y una protección para los grupos criminales”.

En las últimas décadas, los ataques aéreos fueron la estrategia que inclinó la balanza del conflicto a favor del Estado, diezmando a los grupos insurgentes y conteniendo su expansión. Las bombas son el arma que más temen, la que evita que se reúnan sus altos mandos en un mismo campamento y que sus combatientes se desplacen en cuadrillas numerosas.

Asimismo, las operaciones Beta protegían la integridad de los militares y policías en aquellos casos en los que el acceso al territorio enemigo ponía en peligro sus vidas, debido a campos minados o anillos de seguridad artillados.

Al respecto, llama la atención que el Gobierno haya suspendido esta estrategia de forma unilateral y sin que los grupos armados se hubiesen comprometido –antes o al mismo tiempo– con el cese de hostilidades.

También es cierto que la muerte de adolescentes en esta clase de ataques le ha generado al Estado varios llamados de atención de organismos internacionales, que lo acusan de violar parámetros del DIH. En septiembre de 2021, por ejemplo, cuatro menores murieron en un bombardeo al ELN en Chocó, entre ellos una niña de 13 años.

Todos estos asuntos tendrá que ponerlos en la balanza el Mindefensa y la nueva cúpula militar.

2. A LA ESPERA DE QUE LAS BANDAS DEJEN DE MATAR

La cancelación de las operaciones Beta va en la misma vía de otras propuestas gubernamentales que buscan cambiar las políticas de seguridad frente al narcotráfico y el crimen organizado.

Una de ellas es la llamada “paz total”, por la cual el Estado les abre las puertas a los grupos armados para negociar un acuerdo de paz, en el caso del ELN, o pactar el acogimiento a la justicia, en la línea del Clan del Golfo y las bandas.

Con la guerrilla ya se dio el primer paso, con una reunión en La Habana de los delegados de ambos bandos, y la suspensión de las órdenes de captura para los negociadores insurgentes.

Cuando Petro anunció esta decisión, enfatizó que una de las razones es que los negociadores puedan reunirse con sus subalternos en Colombia y gestionar lo relativo al acuerdo, una situación que también se facilita si no hay riesgo de que bombardeen los campamentos.

Como gesto de paz, el ELN liberó la semana pasada a seis militares y un policía que tenía secuestrados. A estas demostraciones se unieron otros grupos que también están pidiendo pista, como el Clan del Golfo, que suspendió el plan pistola contra la Fuerza Pública; y las disidencias de las Farc, con la entrega voluntaria de 12 combatientes en Valle.

Frente a estas facciones, el Jefe de Estado señaló que ya era hora de concretar procesos. “Estamos llenos de cartas pidiendo paz, pidiendo negociar. ¿Qué tan sinceras son? Hay que pasar a las acciones, que deberían significar que se deje de matar, que dejen de tener conflicto entre ellos mismos”, dijo Petro.

Entre las estructuras que han mandado cartas están las disidencias farianas “la Oficina”, “los Caparros”, “los Mexicanos”, “los Rastrojos” y antiguos jefes de las Auc, como “don Berna” y “Macaco”.

Pactar la paz con todos los grupos, incluyendo las bandas urbanas, implica una responsabilidad que va más allá de la justicia y la política: ¿habrá recursos para atender un desarme de semejante magnitud y no quedarles mal a los reinsertados? Esa ha sido la queja histórica de los desmovilizados.

3. CONDICIONAR LA EXTRADICIÓN Y LA ERRADICACIÓN

El Primer Mandatario ha hecho tres anuncios importantes: el primero es que se debe descriminalizar a los campesinos que cultivan coca, a los cuales hay que darles un tratamiento alternativo, con planes como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis).

El segundo fue la interrupción de la erradicación forzada y el desistimiento de la fumigación con glifosato.

La tercera propuesta, que fue planteada en una reunión con representantes de la Casa Blanca, es el condicionamiento de la extradición de narcos.

Así lo expuso el Presidente: “Narcotraficante que no negocie con el Estado, se va extraditado; narcotraficante que negocie con el Estado y reincida, se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos. Y narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante, no se extradita”.

Los estadounidenses prometieron estudiar la propuesta. El director de la Oficina de Política de Control de Drogas, Rahul Gupta, acotó que “el presidente Joe Biden es consciente de que mucha de la política del pasado ha marginalizado a algunas personas, no ha funcionado para muchas poblaciones y lo podemos hacer mejor”.

Los planteamientos gubernamentales no están exentos de polémica. La oposición, por ejemplo, las cataloga como beneficios para los criminales, que a la postre van a generar el fortalecimiento de las estructuras de narcotráfico.

El excandidato presidencial Federico Gutiérrez opinó que “las grandes decisiones adoptadas por el gobierno Nacional dan más garantías a quien delinque que a los ciudadanos que cumplen las normas. El cambio llegó, pero de manera favorable para asesinos, narcotraficantes, corruptos o cualquiera que decida delinquir”.

El ministro Velásquez le salió al paso a los cuestionamientos, alegando que “todo esto de la paz no significa debilidad, no es una rendición del Gobierno ni de las Fuerzas Militares. La paz es un proceso de construcción colectiva en el que tienen un papel trascendental todos los actores del conflicto”.

Agregó que, a pesar de que ya no habrá bombardeos, está evaluando las inversiones necesarias para no disminuir la capacidad de la Fuerza Aérea.