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El Gobierno y la Generalitat cierran dos acuerdos para desjudicializar del conflicto e impulsar el uso del catalán | España


La mesa de diálogo sobre Cataluña, a la que se sientan el Gobierno central y la Generalitat, ha adoptado esta mañana dos “acuerdos concretos” para avanzar en “la desjudicialización del conflicto político” y en el impulso del uso y la protección de la lengua de los catalanes en las instituciones españolas, según ha explicado en rueda de prensa el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Durante la tercera reunión de este foro desde su constitución, los representantes de ambos Ejecutivos han cerrado puntos concretos de los preacuerdos ya cerrados a los que llegaron mediados de julio en Madrid el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès. Ninguno de los dos presidentes ha participado en el encuentro de hoy. “Queda mucho diálogo por delante”, ha precisado Bolaños.

Al encuentro han asistido, en representación del Ejecutivo central, la vicepresidenta Yolanda Díaz; y los ministros de la Presidencia, Félix Bolaños; Política Territorial, Isabel Rodríguez, y Cultura, Miquel Iceta. La Generalitat está representada solo por miembros de ERC, pues Junts insiste en rechazar las condiciones con que funciona ese órgano, que busca poner fin al conflicto político entre el Govern y el Estado. Acuden la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà; el de Empresa, Roger Torrent; la de Cultura, Natàlia Garriga, y el de Interior, Joan Ignasi Elena.

Bolaños ha precisado que la desjudicialización del conflicto de Cataluña consiste en que los problemas que surjan se resolverán “mediante el acuerdo entre políticos”. A su juicio, eso se hará mediante tres compromisos o principios: que la actividad política e institucional debe llevarse dentro del ordenamiento político vigente, aunque ese debe ser mejorado mediante el acuerdo; que los acuerdos que se adopten en este marco sean “representativos de mayorías amplias de la sociedad catalana” y, finalmente, que las instituciones siempre lleguen a decisiones con el máximo respeto al interés general.

El ministro no ha concretado ni ha querido precisar en qué aspectos concretos o personas se aplicarán estos acuerdos generales. “Vamos a seguir trabajando”, ha contestado a los periodistas cuando ha sido interrogado para que precisase las medidas para sacar el conflicto de los tribunales. Respecto a la lengua, Bolaños ha insistido en que el catalán es una lengua española, y ha avanzado en la posibilidad de regular su uso en las Cámaras legislativas, especialmente en el Senado. Además, ha dicho que se dará autonomía a los centros educativos de Cataluña para que decidan si dan prioridad al catalán o al castellano.

La reunión se celebra en un momento muy tenso entre los socios del Ejecutivo catalán, ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de abrirle juicio oral a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por supuestos delitos de corrupción. ERC tiene que decidir si, con su voto, se le retira el escaño. Junts da por acabada la mesa de diálogo y pide abrir una nueva etapa que encare una “negociación real” con el Estado.

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La puesta en marcha de la mesa, que se reunió por primera vez en septiembre del año pasado en Barcelona, fue uno de los acuerdos a los que llegaron Sánchez y Aragonès en su cita del pasado día 15 en La Moncloa. Desde entonces, la celebración de un nuevo encuentro se había ido posponiendo (tenía que ser en enero de este año), entre otras cosas porque ambas partes no lograban cerrar algún acuerdo con calado para presentar. Se trata de la tercera reunión de la mesa de diálogo, la segunda con Aragonès en el cargo: la primera fue en febrero de 2020 en Madrid con el expresidente Quim Torra, y la segunda tuvo lugar el 15 de septiembre de 2021 en Barcelona.

La filosofía inicial de la mesa, que pactaron PSOE y ERC a cambio de facilitar la investidura de Pedro Sánchez, era solo comparecer ante la opinión pública cuando hubiera adelantos. Ante esa falta de contenido, la nueva fecha se iba arrastrando y las polémicas como el escándalo del caso Pegasus o la certificación de la poca ejecución presupuestaria del Gobierno en Cataluña terminaron por minar aún más la confianza.

Tanto La Moncloa como el Govern dejaron claro que existían acuerdos maduros que se podrían presentar en esta mesa, de ahí que no se entienda tanto secretismo para finalmente ponerle fecha hasta el último minuto. Que aún quedaban aspectos por cerrar lo demuestra la presión pública de los últimos días de los republicanos, especialmente en lo referente a acuerdos en el frente judicial. Oriol Junqueras, entre otras primeras espadas del partido, han acusado al Ejecutivo de no querer reformar el Código Penal, mostrando así el interés porque los avances lleguen en ese campo.

Las posiciones de inicio del Gobierno y el Govern son muy distantes. En una entrevista a este diario, la ministra de Hacienda y nueva número dos del PSOE, María Jesús Montero, recordó el domingo que una negociación sobre la independencia de Cataluña es imposible y que ni siquiera se habla de ello en los tanteos parlamentarios.

En el caso de la llamada “desjudicialización”, en ERC insisten en que este término es cosecha de La Moncloa y recuerdan que aparece como el segundo punto de la llamada Agenda del Reencuentro, el documento de 44 puntos con el que el Gobierno quiere encauzar la desafección de parte de la ciudadanía de Cataluña. Las mismas fuentes insisten en que el Govern no tiene problemas semánticos, porque ese término encaja en su propuesta de amnistía para las decenas de altos cargos y ciudadanos que tienen causas abiertas o sentencias derivadas del procés.

El Gobierno ya indultó a los condenados por el Tribunal Supremo, en una decisión criticada por la oposición de derechas, y anunció una reforma del Código Penal, que no ha llevado a cabo, para reducir a la mitad las penas por el delito de sedición. El Ejecutivo central sostiene ahora que más allá de los indultos, es muy difícil definir qué más puede proponer en ese apartado, bajo la premisa de actuar en el marco de la legalidad vigente.

La reforma del Código Penal, que ya en su día recomendó la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, tiene como punto más paradigmático reformar el delito de sedición para reducir a la mitad sus penas. Fue el delito por el que fueron condenados los exconsejeros de la Generalitat de Carles Puigdemont en concurso medial con malversación de fondos públicos. Fuentes de La Moncloa ya desinflaron, hace dos semanas, la posibilidad de que se abordara esa reforma en la mesa de diálogo.



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