El PP no quiere soltar la presa ni relajar la presión sobre el caso Mediador, que afecta entre otros al exdiputado canario del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, y ha llevado la discusión este martes a la Mesa del Congreso para cuestionar la actuación en todo ese escándalo de la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, a la que acusan de “mirar para otro lado” y no actuar con contundencia frente al daño de imagen y prestigio sufrido. El PP pretendía que se montara una comisión de investigación sobre el caso, pero la mayoría de los grupos la han rechazado. Los populares, entonces, han intentado que la comisión interna la formase la Presidencia del Congreso, que tiene las máximas competencias en todo el recinto, pero esa vía tampoco ha prosperado. El PSOE ha acusado al PP de “deslealtad” y ha ratificado que da el asunto por “cerrado” tras indagar con distintos diputados que acompañaron a Fuentes Curbelo en posibles cenas. Y ahora respaldará a esos parlamentarios “señalados” si actúan por la vía judicial contra los que consideran sus “difamadores”.
El caso Mediador empieza a sestear mediáticamente, a la espera de conocer novedades en las investigaciones policiales y judiciales en Canarias, pero el PP no quiere que quede relegado políticamente. El PP registró la petición de una comisión de investigación y este martes comprobó que esa iniciativa no tiene respaldos. El Gobierno y el PSOE no la apoyan, con la justificación de que el asunto está en pleno proceso judicial, y la mayoría de los aliados habituales del Ejecutivo en el Parlamento ni la contemplan si llega avalada por los populares. La portavoz del PP en la Cámara, Cuca Gamarra, les criticó a todos por esa oposición, que relacionó con una presunta falta de transparencia y un oscurantismo que contrapuso al interés por abrir, sin embargo, otras comisiones de investigación, como ahora con la nueva versión de la Operación Cataluña o Kitchen III, que sí toca de lleno a gobiernos populares.
Ante el rechazo previsible y mayoritario en la Junta de Portavoces a esa comisión de investigación sobre Fuentes Curbelo y el caso Mediador, el PP ha colado una propuesta similar en la Mesa de la Cámara para exigir esa investigación interna a la presidenta, al apuntar que el exdiputado podría haber tenido su “epicentro” de actuaciones en el Congreso. La vicepresidenta segunda, la diputada popular Ana Pastor, que fue presidenta del Congreso en el pasado, demandó esa medida y la justificó en las competencias que la propia Constitución (artículos 32 y 72) y el Reglamento de las Cortes atribuye ahora a Batet, en el sentido de que es la responsable de todas las competencias relacionadas con esa institución, incluso las policiales en el recinto. Pastor planteó en la reunión su queja sobre que la Presidencia no se haya pronunciado desde que estalló ese escándalo públicamente, pese al prejuicio de imagen sufrido y le preguntó si había tomado alguna medida al respecto.
La presidenta de las Cortes negó tener ninguna atribución sobre el caso y explicó la situación actual tras recibir la instrucción judicial en la que se pedían las posibles pertenencias del exdiputado de su despacho. El vicepresidente primero, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, asumió el papel de réplica al PP y defensa de Batet, lamentó la “deslealtad” de Pastor y recordó que en el pasado reciente ninguna Presidencia de ningún partido actuó ante casos similares. Y refrescó lo que sucedió cuando se procesó a los exdiputados del PP, Pedro Ramón Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, por una trama de corrupción en Argelia. No hubo ninguna investigación interna de la Presidencia. Tampoco la habrá ahora.
El vicepresidente Rodríguez de Celis sí presumió en la reunión de la Mesa de la contundencia y rapidez con que había actuado en el caso de Fuentes Curbelo el grupo socialista, que le exigió en la misma tarde del 14 de febrero, cuando se conoció públicamente el escándalo, su acta de diputado y le suspendió de militancia. Algo que hizo más tarde en rueda de prensa el portavoz socialista, Patxi López, para contraponer sus métodos expeditivos a los del PP. Rodríguez de Celis informó, además, de que el PSOE aquella tarde del 14 de febrero, nada más forzar la renuncia del diputado, dio instrucciones a la Comisaría de Policía Nacional que funciona en las Cortes para que “precintase” el despacho y lo dejase cerrado y custodiado. Así permanece desde entonces. El PSOE y el propio Congreso desconocen si el exparlamentario se llevó consigo el teléfono móvil y la tableta que la Cámara facilita al comienzo de cada legislatura a todos los diputados. Presumen que sí. Nadie ha vuelto a acceder a ese despacho, a la espera de que se fije fecha para que la policía se lleve el material requerido por la juez del caso.
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Esa información facilitada por Rodríguez de Celis también escandalizó al PP. La vicepresidenta Pastor entiende que no es el PSOE el que debe dar ningún tipo de instrucción a la Policía radicada en el Congreso, sino la Presidencia de la Cámara.