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El Supremo confirma las penas de Griñán y Chaves por el fraude de los ERE | España


Los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en enero de 2018 durante una de las sesiones de la vista celebrada en la Audiencia de Sevilla.Jose Manuel Vidal (EFE)

El Tribunal Supremo ha confirmado el relato más demoledor para el PSOE sobre el fraude de los ERE. La Sala de lo Penal ha ratificado las condenas impuestas a los expresidentes andaluces Manuel Chaves (por un delito de prevaricación) y José Antonio Griñán (prevaricación y malversación) por permitir, durante más de una década, un sistema fraudulento para distribuir ayudas sociolaborales, según ha avanzado este martes el alto tribunal. La decisión aboca a Griñán a entrar en prisión para cumplir una condena de seis años de cárcel. En el caso de Chaves, la condena implica su inhabilitación durante nueve años, aunque el histórico líder del socialismo andaluz lleva alejado de la política desde 2015, cuando dimitió tras ser imputado.

El tribunal se ha dividido a la hora de tomar la decisión. La resolución sale adelante con el apoyo de tres de los cinco jueces: Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Eduardo de Porres. Por su parte, las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo han anunciado que emitirán un voto particular discrepante al considerar que se debería haber aceptado parte del recurso presentado por Griñán y, tras anular la sentencia de primera instancia, haberle absuelto del delito continuado de malversación de caudales públicos. Un fallo en esa línea le habría evitado entrar en la cárcel. El abogado del expresidente andaluz, José María Calero, ha afirmado: “No lo esperaba en absoluto, para quienes hemos trabajado en este recurso ha sido una enorme decepción. Nos queda el recorrido que nos ofrece el Tribunal Constitucional”.

La confirmación de la sentencia por parte del Supremo  implica la entrada en prisión de ocho ex altos cargos, además de   Griñán, que lo fue todo en el partido socialista, desde presidente y consejero andaluz a ministro de Trabajo con Felipe González y presidente federal del partido.

La Audiencia de Sevilla dio por probado que, entre los años 2000 y 2009, la entonces cúpula del PSOE andaluz urdió un “sistema fraudulento” dotado con 680 millones de euros que, sin control, repartió fondos a empresas en crisis para garantizar la “paz social”. Desde 2001, las ayudas las pagó directamente la agencia Idea mediante un convenio firmado por los dos máximos responsables de la Consejería de Empleo (el consejero José Antonio Viera y el exviceconsejero Antonio Fernández) que dejaba en manos del director general de Trabajo, Javier Guerrero (el principal imputado, fallecido en 2020), la facultad de ordenar el pago de las ayudas, pese a que “carecía de competencia legal para la concesión de subvenciones”. Con este sistema, según la sentencia de Sevilla, el Gobierno andaluz se ahorraba cumplir con los requisitos legales para tramitar los expedientes de subvenciones y eludía la fiscalización de la Intervención, lo que favoreció “un descontrol absoluto”.

[Noticia en elaboración]

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