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El Supremo de Brasil ordena desalojar el campamento donde se refugian los bolsonaristas del asalto al Congreso | Internacional


Parte de los bolsonaristas radicales que durante al menos cinco horas del domingo invadieron los principales edificios del Estado brasileño (las sedes del Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo) se replegaron a última hora del día en hoteles o en sus casas. Otros se dirigieron a pie al campamento que mantienen frente al cuartel general del ejército desde que el expresidente Jair Bolsonaro fue derrotado por Lula da Silva en las urnas el pasado octubre. Allí había algo de movimiento, pequeños corrillos en los que se comentaban los acontecimientos de la jornada y se debatía sobre los próximos pasos a seguir.

Poco después, el magistrado del Tribunal Supremo Alexandre Moraes ordenó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado liberar cualquier tipo de vía o edificio público ocupado por los bolsonaristas, incluidos los campamentos. Además, Moraes apartó de su cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, durante 90 días.

A pesar de las promesas de mano dura de las autoridades contra los manifestantes golpistas, el ambiente a última hora del domingo era el habitual: decenas de tiendas de campaña, pancartas pidiendo “socorro” a las Fuerzas Armadas para evitar el “regreso del comunismo” a Brasil o alguna señora rezando de rodillas por el bien de la patria. La novedad de la jornada es que, además de los acampados habituales, cada uno con su saco de dormir y sus enseres personales, esta noche había algunos recién llegados que se acomodaban como podían a la intemperie: bolsonaristas que habían participado en la invasión por la tarde y que acudieron aquí por sentir que estaban en un lugar seguro.

“Aquí estamos en una zona segura, frente al cuartel general del ejército, ellos [los militares] no nos van a traicionar”, decía muy segura una mujer de unos 60 años que no quiso identificarse. Entre los bolsonaristas, se cuchicheaba sobre la posibilidad de que al amanecer la policía militar irrumpiera en el campamento y ordenara desmontarlo a toda prisa y de forma violenta. “Aquí dentro somos por lo menos 1.000 personas. Somos muchos más que la policía. ¿En qué cárcel meterán a tanta gente? ¿Van a llenar una cárcel de brasileños patriotas?”, insistía la mujer, que alardeaba de que llevaba 67 días acampada.

En el centro de Brasilia, la noche trajo algo de calma tras la convulsa tarde del domingo. Pasada la medianoche, la plaza de los Tres Poderes, donde se concentran los tres edificios atacados, estaba absolutamente blindada por las fuerzas policiales. Los bloqueos empezaban a casi dos kilómetros a la redonda, por lo que acercarse a contemplar los destrozos era tarea imposible. En la gigantesca Explanada de los Ministerios, por donde desfilaron sin problemas miles de bolsonaristas rumbo a su objetivo, no se veía un alma y reinaba el silencio. Esta imponente avenida también fue cortada, tanto a los vehículos como a los peatones, y la única señal de que algo grave había pasado era el reflejo rojizo de las luces de los coches de policía parados en las calles de acceso a la zona cero del asalto.

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Ya hay 300 personas detenidas, según la policía civil. En el campamento costaba disimular el temor por lo que les pueda pasar en las próximas horas. Por si acaso, para no ser vistos, algunos dejaban la maraña de tiendas y toldos campo a través, evitando quedarse en la avenida principal de acceso, ahora bloqueada y vigilada por dos jovencísimos soldados. La zona donde está el campamento bolsonarista es enorme y está rodeada (como casi todo en Brasilia) de extensas praderas salpicadas de árboles. De noche es fácil echar a andar sin dejar rastro. Algunos se quejaban de que por la tarde hubo un helicóptero sobrevolando durante horas, y presumían de que aunque la policía intentó acceder al recinto, los militares maniobraron para impedirlo.

Fin del campamento

El campamento es, en cierta forma, el embrión de lo ocurrido durante la tarde del domingo. De ahí salieron andando buena parte de los manifestantes que asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado, recorriendo tranquilamente a pie ocho kilómetros en línea recta, escoltados por la policía. Pero ahora, después de meses de tolerancia por parte de las autoridades locales, el campamento bolsonarista podría tener las horas contadas. El juez del Supremo Alexandre de Moraes ordenó que sea desmontado inmediatamente. Determinó que la operación será liderada por la Policía Militar del Distrito Federal, con el apoyo, si es necesario, de la Fuerza Nacional y de la Policía Federal, y además, el comandante militar del cuartel general del ejército deberá prestar toda la ayuda necesaria. “Absolutamente nada justifica la existencia de campamentos llenos de terroristas, patrocinados por diversos financiadores y con la complacencia de autoridades civiles y militares”, criticó el juez.

Sobre los actos vandálicos, que acabaron con despachos, muebles, objetos históricos y obras de arte de los edificios públicos más importantes del país destruidos, estos simpatizantes de la extrema derecha ya tienen la narrativa lista: “Los que han hecho eso son infiltrados de izquierda. Nosotros somos pacíficos”, insistían los acampados, siempre negándose a identificarse públicamente.

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