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Falsear el mercado sin costes | Economía



Las malas prácticas continuadas durante 25 años en la licitación de obras públicas llevadas a cabo por los principales constructores del país han puesto al descubierto un grave incumplimiento de las reglas de competencia. Dada la relevancia de la regulación en la economía moderna supone una violación de nuestras normas comunes de convivencia. El asunto ha sido descubierto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que tras una larga investigación ha multado con 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras (Acciona, Dragados (grupo ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr) por alterar las licitaciones de construcción de infraestructuras entre 1992 y 2017.

Se trata de un asunto con repercusiones determinantes para el conjunto de la economía si se tiene en cuenta que el volumen de negocios del mercado afectado por estas compañías asciende a 138.793 millones de euros. Una cifra que demuestra que el volumen de la sanción es ridícula si además se divide por el número los años que ha durado la infracción. Más censurable aún es que la sanción no la paguen los administradores de estas compañías. La consecuencia es que los efectos disuasorios de las multas son mínimos.

La propuesta de resolución del instructor la CNMC precisa que las actividades desarrolladas suponen “acuerdos, restrictivos de la competencia” e “intercambios de información anticompetitivos”. Las conductas descritas se refieren al “intercambio entre las empresas de información estratégica no inherente al hecho de compartir esos trabajos”. CNMC señala que el funcionamiento competitivo del mercado exige que cada operador actúe de manera independiente pues al tomarse las decisiones “de manera concertada se falsea el libre juego del mercado al limitarse la competencia”. Las empresas han reconocido que crearon un Grupo que denominaron G7 y que se reunían de manera semanal. Conductas consideradas como una infracción muy grave.

La existencia de monopolios y acuerdos entre empresas vulneran los derechos de los consumidores y expulsan a las empresas más frágiles del mercado. En este caso la vulneración de la competencia es mucho más grave porque suponen un encarecimiento de las obras públicas. El dinero que han pagado de más las administraciones públicas por estos acuerdos ilegales significa menos recursos para otras necesidades.

Varias de las mismas constructoras ya fueron sancionadas recientemente por la CNMC por falsear la competencia. Además, el recorrido de las multas es muy incierto pues deben ser confirmadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Hace cuatro años, la Comisión multó con 91 millones de euros a los cuatro mayores bancos del país por manipular los swaps, y el asunto está sigue en la Audiencia Nacional.

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