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La polémica por los indultos en Chile fuerza la dimisión de la ministra de Justicia y del jefe de Gabinete de Boric | Internacional


Marcela Ríos, ministra de Justicia y Derechos Humanos de Chile, en julio de 2022.Diputadas y Diputados

Marcela Ríos, la ministra de Justicia de Chile, ha abandonado el Gabinete de Gabriel Boric la tarde de este sábado. La politóloga estaba por cumplir 10 meses en el cargo, pero su salida llega en un momento complejo para La Moneda. El mandatario anunció el 30 de diciembre los indultos de 13 personas condenadas por los estallidos sociales de 2019. La decisión fue cuestionado por distintos sectores por el momento, las justificaciones del mandatario y la falta de prolijidad en el proceso. La oposición iba a presentar el lunes en el Congreso una acusación constitucional que buscaba la dimisión de Ríos, lo que empujó a Boric a pedirle la renuncia antes de que la iniciativa se concretara.

El abogado Luis Cordero tomará desde el lunes el testigo dejado por Ríos. La salida de la ministra no ha sido la única consecuencia del proceso de indultos. La Moneda ha informado este sábado de la renuncia del jefe de Gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía, uno de los principales hombres de confianza del mandatario de izquierdas, y quien habría jugado un papel importante en las libertades concedidas. El propio presidente explicó la salida de Ríos “debido a que hubo desprolijidades” en la ejecución del proceso. “Cuando en política suceden situaciones de estas características, debemos asumir las responsabilidades”, agregó el presidente ante la prensa.

Este no ha sido el único problema enfrentado por Ríos, quien milita en el mismo partido del presidente Boric, Convergencia Social. Hace tres meses que Chile no tiene fiscal nacional por los problemas del Gobierno para que sus candidatos sean ratificados por el Senado. Esta negociación es usualmente protagonizada por el Ministerio de Justicia y otras carteras. Este es un nuevo ajuste del equipo de La Moncloa. En septiembre, luego del plebiscito, Boric cambió piezas centrales de su Gabinete. El 25 de agosto también se produjo la salida de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, por los contactos no autorizados con uno de los líderes radicales mapuche, Héctor Llaitul.

El mandatario de izquierdas liberó en diciembre a 12 detenidos en el marco de las protestas sociales. Esta fue una de sus promesas de la campaña presidencial, que después se vio obligado a matizar en la segunda vuelta que lo enfrentó al ultraderechista José Antonio Kast. Boric indultó, además, a un hombre condenado a 16 años de prisión por el asalto a un banco Santander en 2013. El sujeto, Jorge Mateluna, había formado parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), una organización que tomó las armas en la dictadura. Aunque el perdón es una facultad permitida al presidente, por razones humanitarias y para garantizar la paz social, la decisión le ha generado problemas a su Administración y ha marcado el arranque político de 2023. El opositor Renovación Nacional ha denunciado los hechos por prevaricación.

“Espero que sea un tema que demos por zanjado y que pasemos la página”, pidió Boric el jueves desde el sur de Chile. Pero nuevos antecedentes sobre los indultados, dados a conocer en las últimas horas, han mantenido el tema en la primera línea de la agenda. La cadena televisiva Canal 13 emitió un reportaje que informó el largo prontuario de uno de los indultados, Luis Castillo Opazo, quien cumplirá el domingo los 35 años en libertad. De acuerdo con la investigación, fue detenido el 11 de mayo de 2020 en Illapel, una ciudad del norte del país, después de que la Fiscalía de Atacama acumulara 250 horas de grabaciones obtenidas en el marco de las protestas que lo involucraban en diversos delitos: desórdenes, daños, maltrato de obra a Carabineros, robo. Las imágenes muestran a manifestantes pacíficos enfrentarse con Castillo, quien participó en un asalto al Registro Civil de Copiapó, la oficina donde se emiten los DNI, pasaportes y otros documentos. También saqueó una automotora. De acuerdo a los fiscales, Castillo no solo confesó su participación en los hechos, sino que colaboró con los investigadores. La Justicia lo condenó a cuatro años de cárcel por siete delitos.

Mientras cumplía su condena, Castillo fue sancionado varias veces por almacenar armas blancas en su celda y por tener móviles y acceso a Internet. Enviaba mensajes al exterior: “Todavía no hemos ganado nada, compañeros. No suelten las calles, sean valientes, compañeros míos. Ganemos las batallas que estamos llevando, compañeros”, decía Castillo en sus videos. Se definía a sí mismo como preso político y rodriguista (del FPMR). Tenía en sus antecedentes una larga lista de delitos comunes, anteriores al estallido social de 2019. Sumaba 26 causas judiciales abiertas antes de ser detenido por las protestas. De acuerdo al reportaje, entre 2005 y 2017 había sido condenado cinco veces por hurto simple, hurto simple frustrado, lesiones menos graves, robo con violencia y robo por sorpresa. La mayor de sus condenas fue de 10 años de cárcel y Gendarmería incluso registró un intento de fuga.

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“Es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria. Tenemos que sanar estas heridas. Vivimos un proceso tremendamente complejo. Estos son jóvenes que no son delincuentes”, dijo Boric antes, cuando justificó su decisión ante la opinión pública. Al salir de la cárcel, Castillo grabó un mensaje en video: “Donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad va a haber rebelión. Porque los insurrectos no nos calmamos, no descansamos”.

La afirmación de Boric de que se trataba de jóvenes que no eran delincuentes se cayó como un castillo de naipes. La Gendarmería advirtió a mediados de diciembre que Castillo tenía “un alto compromiso delictual”, aunque se le concedió el beneficio. Lo mismo sucedió con un segundo liberado. Los decretos de liberación demuestran que el Gobierno conocía de la reincidencia en al menos cinco casos. Ambos asuntos dependen del ministerio de Justicia que lideraba Ríos.

El día que se hicieron públicos los indultos, La Moneda informó primero de 10 presos beneficiados, entre los que estaba Castillo. Después, Justicia aseguró que ni Castillo ni otro de los condenados eran indultados, pero se sumaron otros dos nombres. Finalmente, los incluyeron a todos.

Los indultos se produjeron en medio de una crisis de seguridad reconocida por todos los sectores políticos y que desafía al Estado. La decisión de Boric llegó justo cuando su ministra del Interior, la socialista Carolina Tohá, finalizaba los detalles de la negociación entre el oficialismo y la oposición de una agenda robusta en materia de seguridad. Esta quedó congelada desde las 13 liberaciones.

El episodio también ha enredado al Ejecutivo con el Poder Judicial. Boric dijo tener una “profunda convicción” de que en el juicio a Jorge Matulena, acusado del robo a un bano, hubo “irregularidades” y que estaba convencido de su inocencia. La Corte Suprema le recordó que “ni el presidente ni el Congreso pueden ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”. Los expertos consideran inédito este enfrentamiento entre ambos poderes. Al menos desde el retorno a la democracia en 1990, como analizó Isidro Solís, el exministro de Justicia de Michelle Bachelet en su primer Gobierno.

Tras la respuesta de los jueces, Boric tuvo que salir en persona a leer una declaración para poner paños fríos sobre la polémica. El apoyo a la Administración ha caído un 8% desde abril. La desaprobación, en tanto, subió 12 puntos, de un 49% a un 61%, de acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP).

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