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La reacción de las víctimas por la revisión de penas: “¿Esta ley no era para proteger a las mujeres?” | Sociedad



El miércoles, a Olivia se le iluminó el móvil. Le estaba entrando una llamada de su abogada. “Pensé que era para decirme que él había entrado por fin en la cárcel, pero no, era para decirme que le habían rebajado la pena”. Lo hizo la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 4 de noviembre. “Él” estaba condenado a seis años por agresión sexual, que han pasado a cuatro en base a la reforma del Código Penal tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Y “él” es un amigo de infancia, “de siempre”. Hace cinco años, Olivia decidió abandonar la ciudad en la que vivía: “Había estado con problemas de depresión y me mudé. Él decidió venir a verme para celebrar que me estaba yendo bien y se quedó en casa, conmigo y con una amiga con la que yo vivía, y una noche decidió forzarme. Después de esto te cuesta entender o llegar al punto en el que de verdad aceptas que alguien a quien tú considerabas tu amigo te ha hecho algo así… Una violación, sí, una violación”.

Pasaron meses hasta que decidió denunciar. “Fue como un proceso conmigo misma, da mucho miedo reconocer que ha pasado algo así”. Cuando lo hizo, llegó “un calvario judicial horrible”. Juicio en 2021, resolución a los cinco días de que acabase: “Unánime. Agresión sexual, seis años de prisión”. Pero “a fecha de hoy”, 17 de noviembre, “todavía no ha entrado en la cárcel”. Y Olivia dice que lleva tres días pensando lo mismo: “Que después de cinco años de un proceso judicial súper largo quieres que esto tenga fin, por todo lo que has hecho y luchado, que tenga una consecuencia y un final. Muchas veces también pienso si hice bien metiéndome en esto”.

Ahora con 32 años y “varios de terapia”, no puede “evitar” volver una y otra vez sobre la misma idea: si ella hizo bien. “Cuando me entero de que la Audiencia Provincial de Madrid había reducido la condena, cuando recibí esa llamada entré en cólera, le colgué el teléfono a mi abogada, me dio un ataque de ansiedad. Lo que siento es un nivel de impotencia y de devastación y de decir ¿esto es real? ¿Me está volviendo a pasar otra vez? No paro de preguntármelo. ¿Esta ley no era para proteger a las mujeres?”.

La ley del solo sí es sí, en vigor desde el pasado 7 de octubre, nació precisamente como respuesta política y legislativa a la marejada social que provocó el caso de La Manada y las primeras sentencias que tuvo aquel proceso, las de la Audiencia de Pamplona, que vieron abuso y no agresión en lo que un año después el Tribunal Supremo fijó como violación múltiple continuada. El consentimiento pasó a ser el eje de la ley, de ahí que se unificaran los tipos de abuso y agresión (que antes se diferenciaban en si había mediado violencia o intimidación), y al parecer nadie previó que la reforma del Código Penal para fundir esos dos delitos y dejarlo todo en agresión fuese a provocar un goteo constante de revisiones de condenas a la baja. Porque cuando se reforma una ley penal, los reos, si la nueva ley es más favorable a su caso, tienen derecho a que sus condenas se revisen.

Ahora, dice Sandra González, “se ha aplicado una norma que pretendía ser una ayuda para las víctimas, pero que se ha convertido en un perjuicio”. Ella es la abogada de Antonia G., la víctima del primer caso de revisión de condena en virtud de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual aprobada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. “Antonia G. está muy mal. Se siente defraudada y no entiende cómo se ha podido producir este descalabro y esta merma para sus derechos”, ahonda la letrada sobre su cliente.

El alto tribunal decidió rebajar en dos años y medio la pena de 13 años y seis meses que la Audiencia de Granada impuso a su exmarido por haberla agredido sexualmente en agosto de 2020, después de haberla amenazado con un cuchillo. “Sabíamos que iba a pasar porque se nos notificó antes”, cuenta la letrada.

La rebaja de 13 años y seis meses a 11 años para el agresor de Antonia no fue solicitada directamente por su defensa, puesto que cuando presentó el recurso contra la condena la ley no había entrado en vigor. Ha sido la sala del TSJA la que decidió aplicar la rebaja de oficio porque ante la “ausencia de disposiciones transitorias” en la llamada ley del solo sí es sí, entiende que debe aplicarse la ley que reformó el Código Penal en 1995 que establece que “en las sentencias que no sean firme por estar pendientes de recurso, si se trata de un recurso de apelación, las partes podrán invocar o el juez o tribunal aplicará de oficio los preceptos de la nueva ley, cuando resulten más favorables al reo”. Bajo esa premisa, el tribunal concluye: “Impondremos al apelante la pena de 11 años y un día de prisión”.

“Llegó la sentencia y sentí que ahí acababa la historia en relación a él”

Esta situación, según González, “ha reabierto el dolor de Antonia G.”, que solo consiguió que la justicia la creyera cuando fue agredida sexualmente por su exmarido. “Durante el proceso de divorcio solo estaba su declaración de malos tratos y nadie la creyó”, incide Rodríguez. Antonia G, de 52 años, ha conseguido recomponer su vida, cuenta su abogada, pero que en los últimos días ha vuelto a ver cómo afloraba el miedo al saber que su agresor estará en la calle antes de lo previsto. “Ha cumplido dos años de prisión preventiva y con esta rebaja en menos de 10 saldría de la cárcel”, puntualiza la letrada.

Para Rebeca la situación es distinta. No quiere saber nada del hombre al que condenaron hace tres años por violarla unos cuantos antes y procura vivir así: “Me he hecho un traje de buzo ficticio. A él lo condenador a ocho años. No sé si se la van a rebajar, si no, si la va a pedir y es que me da igual. Lo que ocurra con él ahora ya no va a ser una preocupación mía. Pasé por el proceso, fue horrible. Llegó la sentencia y sentí que ahí acababa la historia en relación a él. Yo tengo mi proceso y mis propias cosas, pero él para mí ya se acabó”.

Rebeca, apurando ya la treintena, se mudó, como hizo Olivia, pero algo más lejos. Vive en otro país: “Y soy feliz, y no voy a dejar que ya ni leyes ni jueces ni nadie me quite eso. Pero entiendo que no todas las víctimas tienen por qué sentirse como yo, y entiendo también que se pueden sentir desprotegidas”.

“No es solo desprotección”, afirma Bárbara Zorrilla, psicóloga experta en violencia sexual, “estamos hablando de que una situación así puede provocar reexperimentación y retraumatización, aunque sea de manera indirecta”. Explica que si las víctimas han pasado ya por un proceso terapéutico, “no vuelven a sentir las mismas emociones que tuvieron en el momento de los hechos, pero puede quedar el miedo y la angustia, por ejemplo, a que uno de esos agresores salga antes de lo previsto, se vengue, intente acercarse a ella”.

En un proceso judicial, “una mujer necesita que se la escuche, ser tenida en cuenta, que se sea sensible ante su relato, pero no solo”, porque después “está lo que llamamos justicia restaurativa, la reparación, el reconocimiento de que lo que le ha pasado, como delito, es sancionado”. Y hay mujeres que entienden esa consecuencia de la ley del solo sí es sí como “desprotección”, como afirma Olivia: “Los procesos judiciales son ya una puesta en cuestión constante de las víctimas, pero llega esto [la reducción de las penas] y es confuso y frustrante y piensas si esto es lo que vale que jueguen con tu vida”.

“Es importante legislar teniendo en cuenta las cualidades del delincuente y las características de la víctima en este tipo de delitos”, advierte Amparo Díaz, abogada especializada en violencia de género y trata, que se muestra crítica con la nueva ley. “La política integral que ha adoptado esta ley es para abordar la prevención, la intervención y la persecución, pero se han rebajado las penas y hay determinados delitos en los que es importante evitar el sentimiento de impunidad”, prosigue.

Díaz recalca que muchos delitos vinculados con la libertad sexual están relacionados con la violencia de género. Como con Antonia G. “muchos casos son maridos o exmaridos”, señala Díaz. “Estamos hablando de delincuentes en serie, también”, advierte. “El impacto de estos delitos sobre la víctima es enorme y puede darse la circunstancia de que la víctima tarde más tiempo en recuperarse que el que tarde en salir de la cárcel su agresor”.

Para Díaz, la nueva ley “debería haber apostado por la prevención, pero sin rebajar las penas”. Esa reducción podría, según ella, estudiarse a posteriori, “cuando se haya montado un buen sistema de reinserción para este tipo de delincuentes”. “No he visto algo que proteja más a la víctima que el miedo de un agresor a que sea impuesta una pena elevada de prisión”, zanja.

Díaz aún no tiene constancia de que en alguno de sus casos se haya pedido la revisión de la pena, pero espera que suceda. Tampoco sabe nada Patricia Celatalina, que ejerció de acusación popular en el juicio de La Manada por los abusos sexuales contra una joven en Pozoblanco. “Voy a ponerme a revisar todos los que puedan ser susceptibles de que se le rebaje la pena para tener un control”, explica a este diario, y apunta que con la nueva ley si ella fuera defensora de los agresores, “no dudaría en pedir la revisión de la condena”.

Olivia ha asumido ya la reducción de la de su agresor: “Yo no echo la culpa a la ley o no la ley, pero se está hablando de los agresores, de las penas, de todo menos de las víctimas. De que esto nos vuelve a colocar como víctimas en un país en el que se te pide que no lo seas y que sigas con tu vida. Pero si lo haces, entonces ya no te comportas como una víctima. Seguimos siendo cuestionadas, y hay pánico a hablar, a contar lo que te pasó, porque te señalan. Al final soy yo la que tiene que quitar su foto y su nombre de redes sociales. Si viviésemos en una sociedad que nos lo hiciera más fácil, quizás seríamos más las que alzaríamos la voz”.

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