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La reforma de la sedición pasa el primer trámite tras un debate cargado de tensión en el Congreso | España



Ya entrada la madrugada y al final de un debate cargado de tensión, el Congreso aprobó este viernes el primer trámite para suprimir el delito de sedición y reemplazarlo por uno nuevo de desórdenes públicos. Pasada la medianoche, los diputados fueron llamados uno a uno para expresar su voto, la fórmula solicitada por el PP con el vano intento de provocar alguna fisura en las filas socialistas. El triunfo de la iniciativa se daba por descontado con el apoyo de las formaciones del Gobierno y sus aliados de izquierda y nacionalistas, que le proporcionaron un respaldo más que sobrado: 187 votos a favor, 155 en contra y seis abstenciones, entre estas últimas las de Junts per Catalunya. El ambiente espeso no solo se apoderó del debate, sino que trasladó al mismo momento de la votación por las interrupciones entre los diputados y las advertencias de la presidencia porque algunos parlamentarios estaban tomando imágenes con sus teléfonos, una práctica prohibida en el hemiciclo.

El debate no ofreció ninguna novedad sobre los argumentos que unos y otros se venían lanzando desde que PSOE y Unidas Podemos anunciaron la iniciativa. Los socialistas y sus aliados insistieron en que su propósito es adaptar el Código Penal español a la legislación europea y al mismo tiempo contribuir a desactivar el conflicto independentista. PP, Vox y Ciudadanos acusaron al Gobierno de hacer una legislación “a la medida de los delincuentes” que protagonizaron el procés en 2017 para asegurar su supervivencia política. La reforma permitirá suavizar algunos de los procesos todavía abiertos contra dirigentes independentistas. “Le han quitado un juguete a los jueces fascistas”, sentenció el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

El debate llegó tras una interminable jornada parlamentaria, que había comenzado a las nueve de la mañana y en la que se aprobaron también los Presupuestos Generales del Estado, lo que la derecha interpretó como la “moneda de cambio” para despejar el camino al Gobierno en el último año de legislatura. Había sido ya una jornada de nervios a flor de piel, después de los incidentes que se habían producido el miércoles por los insultos machistas de Vox a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que dejaron una amarga resaca en la Cámara. Sin llegar a la bronca, el debate sobre la sedición estuvo plagado de interrupciones, gritos, protestas y continuas llamadas al orden de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Para defender la propuesta, los dos partidos del Gobierno escogieron a diputados catalanes. El socialista Francisco Aranda hizo alarde de ello al presentarse, con unas palabras en catalán: “Les habla un diputado del PSC, el primer partido de Cataluña”. PSOE y Unidas Podemos parecieron repartirse los papeles: Aranda se dedicó a fustigar al PP y el representante del socio minoritario del Gobierno, Jaume Asens, se encargó de atacar a Junts por no apoyar la reforma.

Aranda reiteró lo que se ha convertido en el principal argumento de Pedro Sánchez y su Ejecutivo en las últimas semanas: que la política de distensión con los independentistas en los últimos tres años ha logrado restablecer la “convivencia” en Cataluña y restar apoyo al nacionalismo rupturista. Frente a ello, el socialista pintó a un PP condenado a la “irrelevancia política” en aquella comunidad y que, lejos de buscar soluciones, lo único que pretende es “negar la existencia misma del Gobierno y su legitimidad”. Asens cargó contra Junts: “Tanto quieren desconectarse de España que se han acabado por desconectar de la realidad”.

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El PP sacó a su primera figura, la portavoz y secretaria general, Cuca Gamarra, quien puso en la diana a Sánchez, le acusó de “abrir las puertas de la cárcel a los delincuentes”, abocar al Estado a una “humillación”, “suplantar al poder judicial” que condenó a los promotores del procés y provocar un “estropicio de dimensiones históricas”. Con distinta intensidad, los mismos argumentos fueron esgrimidos por Ciudadanos y Vox. “Le van a permitir a Puigdemont volver a España por la puerta grande”, concluyó la líder de Cs, Inés Arrimadas. Javier Ortega Smith, de Vox, definió a los que apoyaron la iniciativa como la “bancada de la traición a España”.

Ni los partidos del Gobierno ni sus socios independentistas se refirieron a la posibilidad de que durante el trámite de la reforma se rebajen también las penas por el delito de malversación. Rufián no lo mencionó en su discurso, pese a que ERC es el principal defensor de la idea, que en los últimos días se ha ido desinflando por las reticencias que suscita en el Gobierno y en algunos de sus aliados parlamentarios.

Junts finalmente se abstuvo, aunque dejó un discurso muy crítico con el acuerdo entre el Ejecutivo y ERC para una reforma que el sector más duro del independentismo interpreta como una simple maniobra para acallar sus reivindicaciones. El diputado de Junts Josep Pagès llegó a coincidir con la derecha en una apreciación: que el propósito verdadero de la reforma es “contribuir a soluciones personales”, las de los dirigentes de ERC sobre los que pesan aún condenas o acusaciones judiciales. “No vamos a ser los tontos útiles”, zanjó Pagès.

Rufián sostuvo que la iniciativa “no es una concesión a ERC, ni al independentismo, es una concesión a la democracia”, palabras que los diputados del PP jalearon negando cada una de las afirmaciones del portavoz del grupo republicano. La primera diputada socialista a la que le tocó votar por sorteo, Inmaculada Oria, desató las protestas de los populares al añadir a su voto favorable una coletilla: “Aquí estamos todos las y los socialistas juntos, sin fisuras”. Toda la bancada del PSOE se puso en pie para ratificarlo.



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