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La UE se prepara para dar un nuevo impulso a las energías renovables | Clima y Medio Ambiente



La Unión Europea está inmersa en la revisión de sus normas para impulsar las renovables, una de las vías hacia las que la Comisión apunta como receta para moderar los precios de la electricidad y romper con la dependencia de los combustibles fósiles que tantos problemas está generando. En plena crisis energética, el Parlamento Europeo previsiblemente aprobará este miércoles su propuesta para fijar unos nuevos objetivos de fuentes limpias para finales de esta década. El texto, que se prevé que salga adelante, aboga por alcanzar en 2030 un 45% de cuota de renovables Es decir, que el 45% de todo el consumo final de energía a finales de esta década provenga de fuentes limpias.

Alcanzar esa meta no es un reto menor, sobre todo si se tiene en cuenta que implica multiplicar por dos la cuota actual: en 2020 el 22,1% de la energía consumida en los Veintisiete fue de origen renovable —el 21,2% en el caso de España—. Pero a la necesidad europea de recortar las emisiones de gases de efecto invernadero de forma drástica para cumplir con sus compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático se le une también la obligación de romper con la dependencia de los combustibles fósiles, mayoritariamente importados.

La ley comunitaria del clima blinda el objetivo de reducción de las emisiones de efecto invernadero en la UE, que para 2030 se deberán haber reducido un 55% tomando como referencia las de 1990. Y, para ajustarse a esa meta, las instituciones europeas tienen que modificar un buen número de directivas y reglamentos. La de renovables —que hasta ahora establecía una cuota de energías limpias del 32% para finales de esta década— es una de las más importantes.

Las negociaciones para cambiar estas normas son a tres bandas: una vez que el Parlamento europeo fije esta semana su postura, empezarán las discusiones entre la Eurocámara (que defenderá esa cuota del 45% de energías verdes en 2030), la Comisión Europea (que también aboga por el 45%) y el Consejo, el órgano en el que se sientan los líderes de los Veintisiete, tradicionalmente menos ambicioso. De momento, este último defiende una cuota del 40%. “Sería una mala señal que los gobiernos no se muestren en estos momentos ambiciosos; creo que el resultado final estará más cerca del 45% que del 40%”, sostiene Nicolás González Casares, europarlamentario socialista que ha participado en la gestación del texto que el pleno del Parlamento Europeo vota esta semana.

El texto de la propuesta que se votará el miércoles ya ha pasado por la comisión de energía de la Eurocámara, con el apoyo de una amplia mayoría: socialistas, populares, Verdes y Renew (liberales). “La propuesta del Parlamento no difiere mucho de la de la Comisión”, explica González Casares. Además de fijar el objetivo general de implantación de renovables, la directiva establecerá algunas metas sectoriales, como medidas para impulsarlas en la edificación, el transporte y la industria. Se intenta, también, promocionar el hidrógeno generado a partir de fuentes renovables.

Según los cálculos de Casares, la nueva directiva —que también deberá incorporar medidas para agilizar la implantación de eólica y fotovoltaica, cuyos proyectos en muchas ocasiones se eternizan— podrá estar lista en enero o febrero del próximo año.

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Aunque esta norma no fijará objetivos nacionales concretos, como sí ocurría hasta 2020, su aprobación tendrá un impacto importante sobre las políticas nacionales: todos los países de la UE tendrán que endurecer sus metas. El principal instrumento para hacerlo son los planes nacionales integrados de energía y clima, en los que los Veintisiete plasman sus hojas de ruta para esta década. Fiscalizados por la Comisión Europea, deben actualizarse antes del 30 de junio del año que viene. Para entonces ya se espera que esté aprobada la nueva directiva de renovables y, por tanto, se habrán fijado los nuevos niveles de energías verdes.

Ley española

Aprobada en mayo de 2021, la ley española de cambio climático establece también que el próximo año se deben actualizar al alza los objetivos de recorte de emisiones e implantación de renovables. La norma obliga ahora a recortar en un 23% las emisiones de efecto invernadero en 2023 respecto a 1990. Para entonces, además, el 42% de la energía final consumida deberá ser de origen renovable, una cifra que deberá alcanzar al menos el 74% en el sector eléctrico.

Esos mismos objetivos están recogidos en el actual Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec). Cuando España presentó el documento, algunas voces pusieron en duda que fuera posible cumplirlo. Los hechos, sin embargo, parecen discurrir por otro raíl: hoy —algo menos de dos años después y pandemia y crisis energética mediante— esta hoja de ruta se encamina a una revisión al alza.

El Ministerio para la Transición Ecológica abrió en agosto una consulta pública para la actualización de ese plan. El proceso se cierra el próximo jueves. Pero el departamento que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera incide en que “los objetivos de renovables se van a incrementar al alza”. Los motivos de esa rotundidad son múltiples: “La normativa europea impulsa a alza la penetración de renovables, hay que incorporar el hidrógeno, hay que tener en cuenta el impacto del plan europeo de recuperación —que destina más del 40% de los fondos al impulso a la transición ecológica— y también la aceleración del cambio de modelo energético que provocan muchas medidas adoptadas para hacer frente al impacto de la guerra de Ucrania…”, desarrollan desde el ministerio. Algunos grandes inversores en el sector renovable consideran que ―pese a la enorme incertidumbre normativa de los últimos meses— las metas podrían incluso duplicarse.

“Antes de la crisis energética ya parecía que el Pniec se iba a quedar corto, pero, ahora, con la intención de Europa de pisar el acelerador, no hay dudas de que va a ser un incremento sustancial”, apunta Francisco Valverde, de la consultora Menta Energía. ¿Cuánto? “No lo sé. Pero hay un dato revelador: hay proyectos que suman 150 gigavatios (GW) de potencia que ya tienen permiso de acceso por parte de Red Eléctrica, y eso son varios Pniec [el plan prevé un aumento de 30 GW de fotovoltaica y de 22 GW de eólica hasta 2030]”. Lo importante, a su juicio, es que se den “todas las facilidades” para que las nuevas instalaciones cristalicen lo antes posible. “En renovables se tarda infinitamente menos construir que toda la burocracia previa. Ahí es donde está el cuello de botella de verdad”. Y ahí es donde también pretende incidir la nueva directiva europea que se espera que se cierre a principios del próximo año. “Hay que acelerar los permisos y aumentan la aceptación social de los proyectos”, sostiene el europarlamentario González Casares.

Otras voces autorizadas, sin embargo, centran su análisis en los retos que suponen para España el cumplimiento de unos objetivos que, incluso en su versión actual, ya son ambiciosos. “Tendríamos que estar montando seis GW [de renovables] al año y estamos instalando dos. Hay que tener cuidado con poner objetivos demasiado altos, porque el papel lo aguanta todo pero si no lo cumple puedes perder credibilidad”, avisa Pedro Linares, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia de Comillas. “Seguimos estando lejos y cada vez vemos más resistencias en el ámbito local, especialmente con los grandes parques, que son los que te permiten crecer de verdad”. El también cofundador y director del centro de análisis Economics for Energy se refiere a la creciente oposición social a este tipo de proyectos, a pesar de que su impacto medioambiental es considerablemente menor que el de las alternativas fósiles: el daño de un parque de molinos de vientos frente al de una central de carbón o un ciclo combinado casi no admite comparación.

A esa dificultad se suma otro factor: cuanto más arriba estás, más difícil es integrar la nueva potencia en el sistema. “Necesitaremos aumentar el almacenamiento para evitar los vertidos en determinados nudos y momentos temporales, que, a su vez, pueden desincentivar la inversión”, alerta Linares. Un reto, el de guardar la energía en los momentos de mayor generación para consumirla cuando la demanda alcanza su pico, que también deberá abordar el próximo Pniec.

Limitaciones a la quema de biomasa

Uno de los asuntos más polémicos sobre el impulso europeo a las renovables es el de la biomasa, es decir, la quema de materia orgánica para generar electricidad o alimentar las calefacciones. El Ejecutivo comunitario ha propuesto limitar el uso de biomasa y que en determinados casos deje de computar para los objetivos de renovables, al contrario de lo que ocurre ahora. Desde los grupos ecologistas se advierte de que incentivar este tipo de prácticas lleva a incrementar la deforestación e implica más emisiones de efecto invernadero en la atmósfera.

En la propuesta que se votará el miércoles en el Parlamento Europeo se establece una definición de “biomasa leñosa primaria” que busca establecer limitaciones al uso de los árboles para generar energía. La intención de los grupos mayoritarios en la Cámara y de la Comisión Europea, es reducir la presencia de madera en la cuota renovable y restringir el acceso a ayudas financieras. La propuesta establece una “reducción gradual” del peso de la biomasa en la contabilización final de los objetivos de renovables para 2030. Al margen de lo que salga finalmente el miércoles de la votación, su consideración como energía verde se perfila como uno de los grandes puntos de conflicto en la negociación de la futura directiva de renovables.

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