La aprobación de los sindicatos de la reforma de las pensiones está a la vuelta de la esquina. CC OO y UGT reúnen este miércoles por la mañana a sus direcciones para debatir si respaldan el acuerdo con el Gobierno. El Ministerio de Seguridad Social ya logró consensuar una posición común con Unidas Podemos y con la Comisión Europea la semana pasada. Fuentes de la negociación señalan que “salvo sorpresa mayúscula” el acuerdo será validado. Como pasó con el reciente incremento del salario mínimo a 1.080 euros mensuales, los empresarios no forman parte del acuerdo de reforma, en el que identifican “voracidad recaudatoria” del Ejecutivo por el refuerzo de la estructura de ingresos.
El entendimiento con los sindicatos es el paso previo a la aprobación de la norma por real decreto ley en el Consejo de Ministros, antes del trámite parlamentario. Este miércoles por la tarde el ministro José Luis Escrivá expondrá la reforma ante el Pacto de Toledo. El Ejecutivo ha recibido críticas por aprobar una norma tan importante como real decreto en lugar de seguir una tramitación parlamentaria más convencional. El Gobierno tendrá que atar los apoyos de los grupos parlamentarios que suelen apoyar al Ejecutivo, ERC y Bildu, para sacar adelante el proyecto.
Este lunes los sindicatos ya catalogaron el acuerdo como “inminente”, después de la segunda reunión en menos de una semana para tratar la propuesta de la Seguridad Social. Los negociadores se pasaron la tarde del martes afinando el pacto, a partir de un nuevo texto con algunas correcciones que les planteó el Ejecutivo. Todavía podría haber algún cambio puntual durante esta mañana, pero el acuerdo está casi cerrado.
Por su parte, el lunes los empresarios confirmaron su rechazo definitivo al texto. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, criticó ayer que la reforma de pensiones sean “lentejas”: “Se nos ha hurtado el debate”. Afirmó que el ministro Escrivá “no dice la verdad” cuando asegura que CEOE no ha hecho propuestas.
La finalidad central de la reforma es inyectar más ingresos al sistema de pensiones para afrontar de forma sostenible el envejecimiento de la población y la jubilación de la generación del baby boom. Los sindicatos siempre han defendido que la reforma debía pivotar sobre este concepto, un aumento de los recursos del sistema, y no sobre recortes. Al contrario, los empresarios rechazan de plano este planteamiento, por el aumento del coste laboral para las empresas por la subida en contizaciones. El propio ministro salió al paso de estas críticas este martes en la Cadena SER: “En los últimos 12 años los costes laborales han subido un 10% menos en España que en el conjunto del área del euro. España tiene espacio y margen para manejarse prudentemente en estas subidas de costes laborales”.
Más ingresos
Las tres herramientas con las que el Gobierno busca aumentar los ingresos son el aumento de las bases máximas de cotización (de 4.495 euros mensuales en 2023) de 2024 a 2050, añadiendo a la tasa anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales (se alcanzará un aumento acumulado del 38% hasta 2050); una cuota de solidaridad a los salarios más altos del 1% en 2025 que irá subiendo 0,25 puntos al año hasta llegar al 6% en 2045; y un alza del mecanismo de equidad intergeneracional: en vez de ser de 0,6 puntos se dobla hasta 1,2 en 2050, a un ritmo de crecimiento de una décima al año. El mecanismo de equidad intergeneracional crecerá aún más de forma automática para asegurar más ingresos al sistema si el gasto en pensiones se desvía y los partidos políticos no alcanzan un acuerdo sobre cómo corregirlo.
Estas medidas para reforzar los ingresos impactan a las rentas más altas, que aportarán más al sistema sin que las pensiones máximas crezcan en consonancia. Para corregir ese desfase en la contributividad (que cada uno reciba como pensionista lo que aportó como trabajador) a partir de 2051 y hasta 2065 la Seguridad Social plantea un incremento del 20% de las pensiones máximas. En lo que respecta al gasto, el nuevo marco también recoge una mejora importante de las pensiones mínimas y no contributivas. Además, se refuerza la cobertura de las lagunas de cotización y se toman otras medidas para corregir la brecha de género en las pensiones.
El otro gran cambio que introduce la reforma es un nuevo modelo dual para el periodo de cómputo (los años de cotización que sirven para calcular la cuantía de la pensión). El Gobierno despliega dos opciones: una similar al modelo actual, de 25 años, y otra de 29, pudiendo eliminar los dos años de menor cotización. La Seguridad Social aplicará directamente el sistema que más beneficioso resulte a cada pensionista. Este doble sistema convivirá hasta 2044, cuando el cálculo de 27 años quedaría como el único posible.
Trámite parlamentario
Este miércoles por la tarde el ministro expondrá la reforma ante el Pacto de Toledo. Después llegará el Consejo de Ministros en el que se aprobará la reforma por real decreto ley y más tarde se activará la discusión parlamentaria.
Los sindicatos han asegurado a lo largo de toda la negociación que solo acordarían el texto si tenían claro que recibiría respaldo político suficiente. Todo apunta a que el PP rechazará el texto, mientras que Unidas Podemos manifiesta su apoyo a la propuesta de Escrivá. La posición de ERC también sugiere un posible entendimiento, al igual que la de Bildu, aunque ambos partidos han criticado algunos puntos de la reforma. Por su parte, el PNV ha adelantado que no se opondrá e incluso no descarta apoyar el proyecto.
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